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EL CGCAFE DICE NO AL ANTEPROYECTO LEY COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
El Anteproyecto de Ley desregulará el único segmento del sector inmobiliario que ha conseguido pervivir a la crisis, generando más de 15.000 empleos directos, 86.000 empleos vinculados a la actividad, que generan 2.635 millones de euros para la economía española, siendo el volumen económico gestionado anualmente por los Administradores de Fincas Colegiados de 40.000 millones de euros.
En varias reuniones mantenidas con los Ministerios de Fomento y Economía y Competitividad, los Administradores de Fincas Colegiados han expuesto las razones por las que la profesión ha de seguir siendo colegiada. De mantenerse así en el Anteproyecto, se produciría una gran desprotección de los consumidores y usuarios en materia de vivienda.
Madrid, 16 de septiembre 2013.- El Pleno del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE- ha dicho “NO” al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, y en base a este acuerdo y dentro del plazo de audiencia pública abierto, ha comunicado, tanto al Ministerio de Economía y Competitividad como al de Fomento, en varias reuniones mantenidas con representantes de estos organismos públicos, su “NO” más rotundo a dicho Anteproyecto, al considerar que lesiona, y muy gravemente, los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho reconocido en la Constitución Española. Miles de alegaciones realizadas a título particular respaldan las que oficialmente han presentado los Colegios de Administradores de Fincas.
Y además, si la profesión de Administrador de Fincas Colegiado quedase, finalmente, sin colegiación obligatoria, las consecuencias conducirían, inexorablemente, a no lograr el crecimiento previsto por el Gobierno en el sector inmobiliario, al débil crecimiento del empleo acompañado de una pérdida de puestos de trabajo en el sector profesional de la Administración de Fincas. Además, no se implantarían o se implantarían sin garantías profesionales, las normativas aprobadas por el Gobierno, con lo que los edificios estarían peor gestionados y peor mantenidos, lo que llevaría a un descenso de la actividad del sector con impacto negativo en el PIB.
LO QUÉ ESTIPULA EL ANTEPROYECTO
La norma reserva la colegiación obligatoria para las profesiones que tienen relación con la salvaguarda de los intereses generales, la salud y la seguridad jurídica de los consumidores y usuarios. Los Administradores de Fincas Colegiados, que administran y gestionan el 80% del parque de viviendas, cumplen con todos estos requisitos y desarrollan una función social, al ser responsables del uso, mantenimiento y rehabilitación de éstas, gestionando, a su vez, los recursos económicos necesarios para ello. No se puede obviar que esta actividad es de interés general porque en este país la vivienda es el principal bien material de los ciudadanos y de sus familias. Es imprescindible que el ejercicio de esta actividad esté debidamente regulado para garantizar un adecuado mantenimiento de los edificios, ya que gracias a una correcta conservación del patrimonio inmobiliario se consigue:
 Conservar el nivel de actividad del único segmento del sector inmobiliario que la mantiene y que resulta esencial en nuestra economía, ya que gestiona en torno a 40.000 millones de euros (en torno al 4% de PIB).
 Garantizar para nuestros inmuebles y urbanizaciones unas adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad, mejorando su accesibilidad y contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas que habitamos en ellos.
 Reactivar el sector de la construcción para que sea nuevamente motor de nuestra economía. Es necesario reforzar la actividad de los Administradores de Fincas Colegiados para que se puedan implantar en esta materia las Leyes aprobadas por el propio Gobierno, principalmente para impulsar el sector de la rehabilitación.
El Consejo General y los Colegios de Administradores de Fincas han trabajado siempre para el conjunto de la sociedad, formulando de manera permanente propuestas para mejorar los diferentes aspectos legales que afectan en todo lo referente a la vivienda. Su principal aportación fue la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en 1999, aprobada unánimemente por el Parlamento y que fue fruto de la primera Iniciativa Legislativa Popular que han aprobado las Cortes Generales en nuestra historia.
Los Colegios Profesionales tienen, entre sus funciones básicas, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y el CGCAFE mantendrá su política institucional de denuncia ante los Poderes Públicos de todas aquellas normas que perjudiquen los intereses de los consumidores y usuarios en una materia tan sensible como es la vivienda.
El CGCAFE considera que el sistema colegial en España no supone ningún tipo de trabas a la competencia. Al revés, es el que más seguridad ofrece, actualmente, de todos los países europeos a consumidores y usuarios, porque sus garantías y sus controles permiten a los profesionales prestar sus servicios en un mercado totalmente libre y con una regulación adecuada a las exigencias europeas.
Publicado el 16 Sep 2013
EL ANTEPROYECTO DE LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DESREGULARÁ EL ÚNICO SEGMENTO DEL SECTOR INMOBILIARIO QUE HA CONSEGUIDO PERVIVIR A LA CRISIS
· Los Administradores de Fincas Colegiados generan más 15.000 empleos directos y 86.000 empleos vinculados a la actividad, lo que supone el 2,7% del empleo de las profesiones colegiadas en España.
· Generan 2.625 millones de euros para la economía española, y el volumen económico gestionado anualmente supera los 35.000 millones de euros.

Madrid, 2 de agosto de 2013.- El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, cuyo texto no había sido remitido previamente a las distintas organizaciones colegiadas para su análisis.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE- anuncia que la desregularización de la profesión de Administrador de Fincas, de tan marcado carácter social y económico, supondrá la desprotección de los ciudadanos en una materia tan sensible como es la vivienda. Se va a propiciar que este importante pilar del sector inmobiliario -el único que ha pervivido a la crisis actual- se deteriore en los próximos meses provocando destrucción de empleo y poniendo en riesgo la reactivación del sector inmobiliario a través de las últimas leyes aprobadas por el actual Gobierno (Ley de Rehabilitación fundamentalmente) cuyo desarrollo requiere la estrecha colaboración de los Administradores de Fincas Colegiados, que son los profesionales cualificados al efecto.

El CGCAFE ha realizado recientemente un estudio del impacto económico, social y laboral que la actividad profesional de Administrador de Fincas Colegiado representa en nuestro país, informe que ha sido presentado a las instituciones públicas con competencia en la materia, a los distintos Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a los responsables del Ministerio de Economía y Competitividad y de Hacienda, entre otros, como un sólido argumentario para que la profesión de Administrador de Fincas siga siendo colegiada.

Los datos obtenidos en dicho Informe corroboran que los Administradores de Fincas Colegiados generan alrededor más 15.000 empleos directos y 86.000 empleos vinculados a la actividad, lo que supone el 2,7% del empleo de las profesiones colegiadas en España. Igualmente, generan 2.625 millones de euros para la economía española, y el volumen económico gestionado anualmente supera los 35.000 millones de euros.

Pero no solo se trata de una actividad con un claro componente económico sino que es, además, una profesión que garantiza los derechos de consumidores y usuarios y, en concreto, uno de los reconocidos en la propia Constitución, que es el derecho a una vivienda digna. No en vano los Administradores de Fincas han trabajado para mejorar las condiciones de habitabilidad, sostenibilidad, seguridad, movilidad y accesibilidad en los edificios. Así, se ha contribuido a que se rehabiliten el 82% de las fachadas de edificios en toda España, facilitando el desarrollo de la reglamentación municipal correspondiente. Se ha luchado, al máximo, para que se instalen más de 24.000 ascensores en las comunidades de propietarios, beneficiando los derechos de las personas con discapacidad para su total inserción social, y lograr reducir los conflictos vecinales gracias a la actividad profesional mediadora.

El crecimiento de la economía y el empleo necesita una regulación equilibrada que dé credibilidad, garantías y confianza, y los Colegios Profesionales aportan todas estas cualidades. Sin duda alguna, los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas y su Consejo General no solo las aportan, sino que son los profesionales imprescindibles para que el desarrollo económico en el sector inmobiliario se materialice, para que se apliquen las distintas políticas de vivienda con eficacia y para que esta materialización se haga con todas las garantías de los derechos de los consumidores y usuarios.

El CGCAFE quiere manifestar su total apoyo a lo manifestado por Unión Profesional en su Comunicado de Prensa, donde denunciaba, entre otras cuestiones, que “el proceso pre-legislativo así realizado supone un menosprecio al subsector de servicios profesionales y a los Colegios, que son sus organizaciones de ordenación y control, así como una desconfianza injustificada que se manifiesta en la falta de una efectiva interlocución política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones. Ello supone llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo justo lo contrario a lo que se había planteado al inicio de la legislatura, despreciando con ello lo positivo y beneficioso que pueden aportar los Colegios Profesionales españoles que cuentan con su organización estatal y multidisciplinar, Unión Profesional, creada hace 33 años, todo lo cual es impropio de un Estado de derecho”.
Publicado el 06 Sep 2013

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