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LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS, CON LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE LORCA
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, ha entregado a Cáritas Lorca, en nombre de los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas que representan a casi 16.000 Administradores de Fincas Colegiados, un cheque por importe de 23.338 euros con el objetivo de ayudar a paliar los graves problemas que aún tienen muchas familias que perdieron, total o parcialmente, sus hogares en el terremoto producido en la ciudad de Lorca –Murcia-, el día 11 de mayo de 2011.

Transcurridos tres años desde la tragedia de Lorca, las Instituciones Públicas aún no han abonado 21,4 millones de euros –de un total de 69,4 millones de euros aprobados- para ayudas de reconstrucción, reparación o alquiler de sus viviendas, situación que los Administradores de Fincas Colegiados llevan denunciando y reclamando a los organismos públicos implicados en la reconstrucción de Lorca desde que se constató que estas ayudas no estaban llegando a los damnificados en los últimos meses.

Los Administradores de Fincas Colegiados de Murcia han prestado toda la colaboración a los ciudadanos de Lorca damnificados por el terremoto facilitando la información sobre las ayudas, sus trámites y, en general, defendiendo sus intereses frente a las Administraciones Públicas, además de presentar a éstas un Informe con una serie de medidas para actuar, con mayor eficacia, frente a desastres naturales como el ocurrido en 2011 en la ciudad de Lorca.

Los Administradores de Fincas Colegiados solicitan a las Administraciones Públicas implicadas que consideren, de la máxima prioridad, el abono de las ayudas pendientes a los damnificados, así como que se establezca un Protocolo de Actuación consensuado con los colectivos profesionales que más pueden aportar para resolver las dramáticas situaciones que se producen tras una catástrofe natural como fue el seísmo de Lorca el 11 de mayo de 2011.

Los Administradores de Fincas Colegiados seguirán defendiendo los derechos de los ciudadanos de Lorca afectados por la catástrofe con todos los recursos profesionales de los que disponen, y mantendrán una política institucional muy activa para que las Instituciones Públicas resuelvan los muchos problemas que aún, tres años después, siguen pendientes en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE- es una corporación de Derecho Público integrado por 38 Colegios Territoriales distribuidos por todo el territorio nacional, y que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido.
Publicado el 12 May 2014
La desregulación de las profesiones inmobiliarias no generará mayor competitividad
La crisis económica ha demostrado la importancia del sector inmobiliario para las economías nacionales de la UE. Tanto es así que en Alemania, en el año 2012, el sector inmobiliario representaba el 19% de la creación total de valor económico, con un montante de 434.000 millones de euros. Dicha cifra duplica a la del sector comercial, es dos veces y medio más la del sector sanitario y cinco veces la del automovilístico. De hecho, el 80% de los activos fijos que pueden valorarse pertenecen al sector inmobiliario, lo que supuso una inversión de 7,45 billones de euros.
No sorprende, por tanto, que los socios de la coalición alemana hayan decidido recientemente tomar medidas para regular el mercado inmobiliario y sus profesiones. E, igualmente, es del todo comprensible que las autoridades francesas y belgas hayan reforzado la normativa vigente en el sector inmobiliario. La regulación irlandesa de las profesiones inmobiliarias de 2011 concuerda con la anterior y el debate en el parlamento checo no hace más que confirmar la tendencia actual. Por todo ello cuesta comprender por qué las autoridades españolas están pensando, seriamente, en desregular las profesiones inmobiliarias en un momento en que tanto los mercados como los profesionales nacionales necesitan estabilidad e incentivos de las autoridades públicas, no trastornos legislativos ni restricciones impuestas por ellas.
España, al igual que Polonia y otros estados miembros de la UE cuyas economías han sufrido, gravemente, la última crisis de la deuda, ha recibido la recomendación de la Unión Europea para que tomen las medidas oportunas con el objetivo de eliminar las barreras legislativas y administrativas que pudieran obstaculizar la integración completa de las economías nacionales y profesionales en el mercado interno. En uno de sus últimos comunicados, los ministros europeos de la vivienda reconocieron y recalcaron los poderes exclusivos de los estados miembros en materia de política para la vivienda y la naturaleza informal de las reuniones de los ministros, aunque agradecieron la colaboración y el intercambio de información. Éste y otros comunicados evidencian los diferentes puntos de vista en cuanto a las responsabilidades y el derecho a la iniciativa para liderar las economías inmobiliarias.
Mucho tememos que la falta de coherencia y acuerdo entre los distintos niveles de decisión y gestión exprese y conduzca a desacuerdos políticos, y que las decisiones de regular más o desregular los mercados nacionales y las profesiones puedan estar motivadas por puntos de vista y opciones políticas en vez de basarse en un análisis económico y social exhaustivo.
En España la administración de fincas es una profesión inmobiliaria de suma importancia y quedaría desregulada si se aprueba la normativa que en estos momentos estudia su Gobierno. La situación jurídica de los administradores de fincas varía de un país a otro, aunque parece que sus tareas y responsabilidades son muy similares en los países de la UE donde están asimilados a las profesiones liberales, según las definió el parlamento francés en el Diario Oficial de la República Francesa del 23 de marzo de 2012: "la expresión profesión liberal define a aquellas personas que ejercen de forma periódica, independiente y bajo su propia responsabilidad, una actividad de naturaleza civil generalmente, dirigida a garantizar, en el interés del cliente o el público, ventajas de naturaleza principalmente intelectual, técnica o asistencial, obtenidas mediante las titulaciones profesionales pertinentes y de acuerdo con unos principios éticos o deontológicos profesionales, sin perjuicio de la legislación aplicable a otras formas de autogobierno".
CEPI no conoce ningún cambio en el mercado o la profesión que exija revisar la situación de los administradores fincas. Es más, un Informe realizado por CEPI concluye que la desregulación no conduce, automáticamente, a un descenso de los precios, como ha quedado claro en la comparación de los honorarios en España y los mercados no regulados o desregulados de otros estados miembros de la UE. La desregulación, de facto, tampoco implica más competencia ni un número mayor de actores en el mercado. El mercado inmobiliario holandés se desreguló en 2002, pero no cuenta, ni de lejos, con tantos profesionales inmobiliarios como Bélgica, posiblemente el mercado inmobiliario más regulado de la UE.
CLAUDINE SPELTZ Presidenta de CEPI –Confederación Europea de Profesiones Inmobiliarias
Publicado el 15 Apr 2014

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