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CIU PRESENTARÁ COMO ENMIENDA PARLAMENTARIA LA PROPUESTA DE LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS PARA AUMENTAR LAS GARANTÍAS DE COBRO DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Pere Macias y Lourdes Ciuró, diputados de CIU en el Congreso de los Diputados presentarán como enmienda al Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, la propuesta para aumentar las garantías de cobro de las comunidades de propietarios que les fue presentada por Salvador Díez, Rafael del Olmo y Carlos Domínguez, presidente, secretario y secretario técnico, respectivamente, del CGCAFE, en una reunión mantenida el pasado día 8 de mayo.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- La propuesta del CGCAFE establece que el adquirente de cualquier título de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, responda con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputable a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los cinco años naturales inmediatamente anteriores.
Esta propuesta del Consejo General tiene como objetivo solucionar el creciente problema de morosidad que están sufriendo gran parte de las Comunidades de Propietarios. Según estimaciones del CGCAFE, las entidades financieras adeudaban, a finales de 2012, 1606 millones de euros a las comunidades de propietarios, lo que conlleva que los propietarios que ya están sufriendo la dureza de la crisis tengan que realizar aportaciones económicas extraordinarias para mantener el funcionamiento de sus edificios.
Lourdes Ciuró, Pere Macias, Salvador Díez y Rafael del Olmo, durante la reunión mantenida en el Congreso de los Diputados.

Lourdes Ciuró informó que CIU impulsaría “las modificaciones normativas pertinentes para garantizar el pago de las deudas existentes con la comunidad de propietarios en el momento de la ejecución hipotecaria, con el fin de garantizar el pago de las obligaciones económicas que afectan a los propietarios de inmuebles y especialmente de aquellas entidades que hayan adquirido la propiedad a través de un proceso de ejecución hipotecaria”.
Salvador Díez, presidente del Consejo General, explicó las razones por las que consideraban que este plazo de cinco años es el más adecuado, “dado que desde que se inicia el procedimiento de desahucio hasta que el inmueble se adjudica a la entidad financiera se pueden alcanzar los cuatro o cinco años, y eso, siempre que la entidad financiera registre los inmuebles inmediatamente después de serles adjudicados, que nos estamos encontrando también con dificultades a la hora de realizar las reclamaciones por esta falta de inscripción registral”

El secretario del Consejo General, Rafael del Olmo, expuso la preocupación máxima de los administradores de fincas ante el anuncio de la aprobación de la futura ley de servicios profesionales anunciada por el Gobierno, “que dejaría totalmente desprotegidos los intereses de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido. Hay muchas razones por la que la colegiación debiera de mantenerse para los administradores de fincas, entre ellas que muchas de las leyes que aprueban los distintos gobiernos en materia de vivienda, necesitan, para su óptima implantación, del trabajo profesional de los administradores de fincas colegiados”.
A este respecto Pere Macías, también portavoz en la Comisión de Fomento por CIU, respondió que el Grupo Parlamentario de CIU no es partidario de la desregularización de las profesiones colegiadas, “porque recogen las necesidades, los problemas sociales, nos los transmiten y funcionan en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Sería una gran irresponsabilidad no aprovechar la experiencia que ya llevan acumuladas los colegios profesionales en defensa de los ciudadanos”.
El CGCAFE considera que, en una sociedad moderna, los Colegios Profesionales realizan una función esencial organizando, impulsando, descubriendo y proponiendo iniciativas de mejoras en el sector que representan basadas en la experiencia del día a día y en la especialización de sus profesionales, que son canalizadas y presentadas a las instituciones públicas a través de los Colegios que los representan. Son, por tanto, la voz de la sociedad civil organizada.
Publicado el 15 May 2013
LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS LOGRAN QUE HACIENDA APLIQUE TASAS JUDICIALES REDUCIDAS A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
• En respuesta a una consulta vinculante realizada por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) a la Dirección General de Tributos sobre la aplicación de la tasa judicial prevista en la Ley 10/2012, y referida a los procedimientos judiciales iniciados por las Comunidades de Propietarios, este organismo manifiesta que, al carecer las mismas de personalidad jurídica propia, además de la cuantía fija que proceda, la tasa que se debe de aplicar será del 0,1% en lugar del 0,5%, con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.
• La aplicación de la tasa del 0,1% en lugar del 0,5% supondrá un importante ahorro económico para las Comunidades de Propietarios que inicien un procedimiento judicial no solo sobre reclamación de deudas por morosidad, sino de cualquier otra índole.
Madrid, 6 de mayo de 2013.-. Con esta respuesta, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado la razón al CGCAFE, ya que, efectivamente, el artículo 1.8 del Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el artículo 7.3 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, establece, a efectos de determinar la cuota tributaria de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social que cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además de la cuantía fija que proceda conforme al primer apartado del artículo, la cantidad que resulta de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,1% con el límite de cuantía variable de 2.000 euros. La aplicación de la tasa del 0,1% en lugar del 0,5% supondrá un importante ahorro económico para las Comunidades de Propietarios que inicien un procedimiento judicial no solo sobre reclamación de deudas por morosidad, sino de cualquier otra índole.

CÓMO AFECTARÁN LAS TASAS JUDICIALES SEGÚN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS.
Con la aplicación de esta tasa judicial del 0,1%, si un vecino impugna un acuerdo –retirada de un aire acondicionado, por ejemplo-, cuantificado en 8.000 euros, y el importe fijo establecido para el juicio ordinario por razón de la materia del art. 249.1.8 es de 300 euros, hay que aplicarle el 0,1%, siendo la tasa total de 308 euros. Esto supondría un ahorro de 32 euros si se hubiese tenido que aplicar la tasa del 0,5%.
En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios interpusiese el procedimiento monitorio del art. 21 de la Ley de Propiedad Horizontal contra un vecino moroso, y siempre que supere los 2.000 euros de deuda, abonaría 100 euros de cuantía fija, más el 0,1% sobre la cantidad reclamada. Si esta cantidad fuera de 6.000 euros, supondría este 0,1% el importe de 6 euros, siendo el total de 106 euros, en lugar de 130 euros si se hubiese aplicado la tasa del 0,5%.
El CGCAFE considera que la aplicación de estas tasas judiciales dificultará mucho más la reclamación de deudas por morosidad de las Comunidades de Propietarios, que ya afrontan el grave problema de las deudas de las entidades financieras tras la adjudicación de inmuebles por ejecución de sentencias de desahucios, que asciende a un total de 254 millones de euros en el año 2012.
Los Colegios Profesionales tienen, entre sus funciones básicas, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y el CGCAFE mantendrá su política institucional de denuncia ante los Poderes Públicos de todas aquellas normas que perjudiquen los intereses de los consumidores y usuarios en una

Publicado el 09 May 2013

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